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El presidente Guillermo Lasso y otras altas autoridades conocieron en mayo pasado las denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación para adquirir 51 870 chalecos antibalas para la Policía Nacional, a un costo de USD 25,7 millones.
Empresas extranjeras que participaron en el proceso, y que consideran haber sido perjudicadas, alertaron sobre supuestos direccionamientos para favorecer a las compañías US Armor Corporation y Point Blank Enterprises INC Corporation, que coincidentemente fueron adjudicadas por el Ministerio del Interior.
Inducon, de Colombia, envió, el 8 de mayo pasado, un oficio a Guillermo Lasso; al ministro del Interior, Juan Zapata; al director del Sercop de ese entonces, Dennis Valencia Macías; y al comandante general de Policía, Fausto Salinas; en el que denunció que el proceso “se encuentra viciado en la parte técnica”.
Inducon aseguró que desde el estudio de mercado el Ministerio del Interior se anticipó en señalar que US Armor es la única empresa que cumple los requerimientos técnicos, cuando por lo menos debieron existir dos oferentes.
Además, señala que esa empresa fue la que estableció el precio referencial de los chalecos. “Si del estudio de mercado se desprende que solamente una empresa cumple con la totalidad de requerimientos, es evidente que las especificaciones técnicas están direccionadas”, denunció Inducon.
La compañía colombiana exigió que se abra un nuevo concurso que garantice transparencia. Pero el Ministerio del Interior continuó con el proceso que finalizó con la adjudicación.
Otra empresa que denunció supuestas irregularidades fue Xetagroup SAS. Lo hizo mediante un oficio enviado el pasado 16 de mayo al ministro del Interior, Juan Zapata; al contralor general del Estado, Carlos Riofrío; y al director del Sercop de ese entonces, Dennis Valencia Macías.
Xetagroup SAS reveló que los parámetroe técnicos del producto fueron direccionados para favorecer a Point Blank Enterprises INC Corporation, que semanas después fue una de las dos compañías adjudicadas.
Además, denunció un supuesto sobreprecio del 25% y que el Ministerio del Interior no realizó la convocatoria mediante publicación en medios internacionales, como establece la ley de Contratación Pública.
También solicitó que se declare desierto el proceso y que se convoque a uno nuevo “en virtud que existen errores insubsanables en todos sus documentos y fases”.
En esa misma línea de reclamos, la multinacional Enhanced Combat Performance envió el 10 de mayo un oficio al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, en el que aseguró haber identificado varias irregularidades que afectan la libre competencia y que podrían favorecer a un proveedor específico.
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La empresa, con representación regional en Chile y que es proveedora de la Policía de Carabineros de ese país, alertó que se direccionó el estándar NIJ de Estados Unidos, cuando existen otros estándares internacionales con requisitos técnicos superiores que no fueron tomados en cuenta.
El Ministerio del Interior adjudicó el contrato el pasado 4 de julio a US Armor Corporation para la compra de 50 835 chalecos, de los cuales 42 048 corresponden a nivel IIIA y 8 787 a nivel II, por un valor total de USD 23 503 935.
Y a la empresa Point Blank Enterprises INC la adquisición de 1 035 chalecos nivel IIIA-III, por un precio de USD 2 240 423,10.
El valor total entre las dos compañías fue de USD 25 744 358, frente al presupuesto referencial establecido en USD 32 044 579,40, lo que fue destacado por el ministerio del Interior como un ahorro de más USD 6 millones. No obstante, hubo otras seis propuestas con ofertas más bajas por hasta USD 9,5 millones.
El consorcio Burnham-Santa Bárbara EP solicitó el pasado 3 de julio al Ministro del Interior, y a los miembros de la Comisión Técnica que llevó adelante la etapa precontractual, la rectificación de la calificación por considerar que la empresa fue perjudicada debido a que había cumplido con todos los requerimientos.
Uno de los argumentos para la descalificación de 21 compañías proveedoras fue que no contaban con certificación NIJ.
En días pasados, Juan Zapata defendió el proceso y reveló que cuando asumió la función de ministro del Interior lo intentaron sobornar con dos millones de dólares en el proceso de adquisición de chalecos.
Sin embargo, su denuncia generó polémica y fue cuestionado por haber mantenido silencio y no denunciar el presunto intento de soborno ante la Fiscalía General del Estado.
Fuente Radio Pichincha
