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El ex vicepresidente Jorge Glas es señalado por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El ex vicepresidente Jorge Glas y otros dos exfuncionarios públicos serán procesados penalmente por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
El pasado 1 de junio, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra esas tres personas, por ese presunto delito de corrupción.
29 días después de esa solicitud, el juez Luis Rivera señaló que esa diligencia se realizará el próximo 12 de julio, a las 08:30, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia.
Tras el terremoto que sufrió Manabí, el 16 de abril del 2016, la Fiscalía comenzó a investigar el uso de los recursos destinados a la reconstrucción de esa provincia.
Tras recabar indicios del presunto cometimiento del delito de peculado, esa entidad procesará a tres personas. Entre ellas, a Jorge Glas, quien fue un exalto funcionario del correísmo.
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La teoría de la Fiscalía
Tras el terremoto del 2016, el Gobierno de ese entonces conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Además, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.
Por otra parte, en el 2019, la Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares.
Según la fiscal Salazar, los fondos que se usaron para la construcción de ese proyecto vial provenían del dinero recaudado a través de la Ley de Solidaridad. Por lo tanto, la Fiscalía abrió una investigación previa.
Las indagaciones señalaron que esa obra vial “no cumplía con los ejes propuestos en la Ley de Solidaridad, sobre emergencia, reconstrucción y reactivación”.
“Ese contrato fue adjudicado el 30 de marzo del 2017, con carácter de prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto”, explicó la fiscal Salazar.
Fuente El Comercio
