El Gobierno quiere que la Asamblea designe a las autoridades de control

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El Cpccs tiene siete vocales. Para designar una autoridad se requieren de cuatro votos. Foto: Archivo/ El Comercio

¿Qué sería del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) sin su facultad de designar autoridades? Esa pregunta se origina a partir de la interrogante seis que el Ejecutivo quiere llevar a las urnas con la consulta popular. 

El Cpccs ha sido el protagonista de más de una polémica. En el actual período han sido censurados cinco vocales por la Asamblea Nacional. También ha tenido cuatro presidentes y ha sido el terreno en disputa de los partidos políticos. Ahora, el Legislativo lleva adelante otro proceso de juicio político.  

La pregunta seis tiene que ver con quitarle al Consejo la facultad de designar autoridades. Esa tarea, según se establece en el proyecto de enmienda, retornaría a la Asamblea. Para el Gobierno, el que esa atribución esté en el Cpccs provoca una concentración “antidemocrática”. Hoy en día, esa entidad tiene en sus manos la designación de 77 autoridades.

Entre ellas están cargos claves como Fiscal, Contralor y el Consejo de la Judicatura; además de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Para Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, este cambio puede ser importante. Esto porque el Pleno del Cpccs se conforma con siete vocales y, para designar a una autoridad, solo se necesitan cuatro votos.  

En la Asamblea se necesitarán al menos 70 votos, dependiendo el cargo. Esto involucraría un proceso de deliberación mucho más amplio para las designaciones. 


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El problema 

Desde la consulta de 2018, promovida por el expresidente Lenín Moreno, los vocales del Cpccs se escogen mediante votación en las urnas. Eso intentaba revestir de legitimidad a las decisiones que toma el órgano.

La argumentación del proyecto señala que, si bien esta entidad se conformó como un ente técnico y apolítico para la evaluación objetiva de los candidatos, eso no ocurrió. En el último proceso hubo candidatos que gozaron del apoyo de varios líderes de organizaciones políticas, dice el Ejecutivo. 

Cuatro años después, el nuevo proyecto para llevar a consulta plantea que eso no funcionó porque el problema del Consejo está en las facultades que concentra y no en la manera en la que se elige a sus integrantes. 

El cambio 

La designación de las autoridades de control regresaría a la Asamblea, pero no bajo los términos que se establecían antes de la Constitución de Montecristi.

La enmienda señala que se mantendrá el criterio de meritocracia, aunque se eliminan los concursos. 

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La Asamblea sería la encargada de conformar las veedurías ciudadanas. Pero, sobre todo, cada entidad nominadora de autoridades será responsable de los perfiles que plantea para ocupar los cargos. Sin la facultad de designación, los integrantes del Cpccs también serían designados por la Asamblea y ya no con elección popular. Para Rivas, esto podría ser algo sobre lo que tenga reparos la Corte Constitucional después de lo aprobado en 2018. 

Intervención del Presidente 

Con esas modificaciones se plantea que se reduzcan los procesos y sus tiempos. Sin embargo, le otorga un poder especial al Presidente. Por ejemplo, la enmienda plantea que, “en caso de que la Legislatura no efectúe la designación dentro del plazo, el Primer Mandatario la efectúa en el orden de nominación de la entidad nominadora”. 

Rivas señala que es preocupante la cantidad de facultades que adquiere el Primer Mandatario. Esto porque interviene en la nominación para las ternas y, en caso de que no haya pronunciamiento, podría designar a la autoridad.  

Pero también menciona que hay normas en las que se plantea que, si la Asamblea Nacional no hace las reformas, el Ejecutivo, con reglamentos o acuerdos ministeriales, podría configurar la institucionalidad del país. 

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El actual Cpccs es el primero en conformarse tras la Consulta Popular de 2018 en la que se decidió que sus vocales saldrían de elecciones en las urnas.

El Cpccs es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades.

Fuente El Comercio 

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