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Los vocales de la Judicatura fueron cuestionados por la evaluación a los jueces en 2019, la designación de conjueces temporales, por no iniciar el concurso de fiscales provinciales, entre otras causales.
Con 87 votos a favor y 49 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional salvó a los tres vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta de la censura y destitución por supuesto incumplimiento. CREO y Pachakutik se unieron para bloquear el juicio político.
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La sesión del Pleno Legislativo arrancó a las 10h30. María del Carmen Maldonado, quien no se presentó en el hemiciclo legislativo y únicamente envió un informe defendiendo su gestión.
Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea, dio lectura al documento en el que Maldonado señala que la evaluación a jueces y conjueces sí estuvo apegada a la Ley, tras un exhorto emitido por el Consejo de Participación Transitorio.
Además, aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de dicho proceso, no analiza si los vocales incumplieron o no sus funciones al momento de realizar la evaluación.
Maldonado, quien dirigió la Judicatura cuando se dio la evaluación, aclaró que no tenían un banco de elegibles para poder reemplazar los vacíos en las salas especializadas por la remoción de los magistrados que no alcanzaron el puntaje.
“El director general de la Judicatura solicitó un pronunciamiento de la Procuraduría, que emitió un pronunciamiento a favor, que decía que en caso de no contar con el banco de elegibles es de exclusiva responsabilidad del organismo calificar las circunstancias emergentes que justifiquen la designación de jueces temporales”, señala el documento.
La asambleísta interpelante, Viviana Veloz, hizo uso de la réplica y criticó que los interpelados hayan utilizado únicamente fragmentos de la sentencia de la Corte Constitucional, sin tomar en cuenta el dictamen en su totalidad.
Dijo que no han podido desvirtuar las pruebas presentadas e insistió que los vocales han intentado confundir a la ciudadanía durante sus intervenciones. Luis Almeida también ratificó el incumplimiento de funciones. «Todos son culpables y saben que es así», exclamó.
Maribel Barreno fue la única que hizo uso de la réplica, pero para referirse únicamente de las denuncias de supuesta corrupción que reveló el legislador Almeida. La vocal rechazó dichas acusaciones y dijo que no tiene ningún proceso civil, penal ni administrativo en su contra.
Sobre las causales del enjuiciamiento político, insistió, “ya dejé en claro que no existe sustento para este proceso”.
Fausto Murillo ni Juan José Morillo usaron la réplica y los vocales decidieron abandonar el hemiciclo Legislativo.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, suspendió la sesión hasta las 14h00 para abrir el debate y posterior votación.
Debate
El asambleísta Ronal González abrió el debate legislativo, señalando que sí existió incumplimiento de funciones de parte de los tres vocales de la Judicatura y de su expresidenta.
“Hubo una justicia a la carta con acciones antojadizas”, mencionó, al cuestionar la administración de la justicia. “Basta de audios de los vocales que ponen precio y vergüenza a la justicia”, aseveró.
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Patricia Núñez mencionó que la consulta popular de 2019 no facultaba la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como han tratado de sostener los vocales interpelados, cuestionó.
Esteban Torres criticó que se pretenda iniciar otro juicio político en contra de los vocales por los polémicos audios. “Este es el juicio, este es el momento para poner a prueba la actuación de esos pésimos funcionarios, entregados a otras funciones del Estado”, afirmó.
Dijo que los audios comprobaron el tráfico de influencias y de independencia judicial, por lo que llamó a los legisladores que aún dudan de votar por la censura y destitución.
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El legislador Ricardo Vanegas admitió que los actuales vocales de la Judicatura cometieron “faltas muy graves”, pero no considera adecuado que “mezclen lo uno con lo otro”. Hay que se coherente, dijo, porque este juicio tiene otras causales y no son los polémicos audios.
Bruno Segovia reprochó la intromisión de la justicia en otras funciones. “Indignémonos por todos los jueces que le hacen mal al país”, señaló. Considera que sí hubo un incumplimiento de funciones al aplicar una ley que no estaba vigente al momento de realizar la evaluación a los jueces.
Para Jhon Vinueza, el juicio no beneficia a los ciudadanos de calle. “Es una pelea para ver quién se queda con el martillo de Thor. Quien lo tenga, será como herramienta para negociar, para que dioses y demonios dialoguen”, ironizó Vinueza.
Joel Abad cuestionó que no hay acciones de parte del Consejo de la Judicatura. “Mientras que hay persecución a campesinos”. Para el asambleísta, la justicia siempre ha estado tomado por los Gobierno de turno.
Mario Ruiz dijo que nadie puede defender a los vocales de la Judicatura “por ser impresentables, pero tampoco podemos olvidarnos del pasado cuando también la justicia estuvo tomada”. El legislador de Pachakutik está de acuerdo con la destitución de los vocales, pero no apoyará esta causa.
“Por qué muchos legisladores se quieren hacer los locos y poner justificativos del pasado, cuando ahora es nuestra obligación su destitución. Este juicio político es un mecanismo que no implica la interferencia de otras funciones del Estado, como algunos intentan posicionar, pero nosotros sí hemos visto como el Ejecutivo trata de interferir en todas las funciones”, dijo Mireya Pazmiño.
Fuente pichinchacomunicaciones.com.ec
