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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, llevó este martes a la Asamblea Nacional su propia propuesta de ley de recursos hídricos, el mismo día que el Gobierno inició por su parte un proceso participativo para redactar el texto.
La iniciativa particular de la Confederación, que representa a las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas de Ecuador, se produce en el marco del Día Mundial del Agua y después de que en enero la Corte Constitucional declarara inconstitucional la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y su reglamento.
El fallo daba la razón a una demanda de 2015 presentada por la misma Conaie, que alegaba que los pueblos nativos y comunidades no habían sido consultados debidamente sobre las implicaciones de la norma.
En su sentencia, el tribunal dio el plazo de un año al Ejecutivo para enviar al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que deberá ser consultado previamente a las comunidades indígenas y contar con su aprobación.
El fallo daba la razón a una demanda de 2015 presentada por la misma Conaie, que alegaba que los pueblos nativos y comunidades no habían sido consultados debidamente sobre las implicaciones de la norma.
En su sentencia, el tribunal dio el plazo de un año al Ejecutivo para enviar al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que deberá ser consultado previamente a las comunidades indígenas y contar con su aprobación.
PROPUESTA INDÍGENA
Sin embargo, la Conaie ha preferido no esperar y, ante las sospechas que tiene del Gobierno, ha planteado su propia propuesta con un enfoque en «asegurar la adecuada gestión pública o comunitaria del agua, democratizar la gestión social y territorial» y garantizar «la plena vigencia de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades».
En un acto ritual desarrollado en el parque El Arbolito de Quito, con motivo de la celebración andina del Mushuk Nina (Fiesta del Nuevo Fuego, en kichwa), que conmemora el equinoccio de primavera, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó que la propuesta va dirigida a todos aquellos que «amamos la vida, defendemos la vida, el agua, el fuego, el aire y la madre tierra».
El dirigente pidió a los líderes de las comunidades indígenas de las 24 provincias del país que participen en la formulación de la propuesta para que, en el plazo de tres a cuatro meses, se haya elaborado un texto consensuado y consolidado.
TEMOR A PRIVATIZACIÓN
Entre los puntos principales que incluirá la propuesta de legislación Iza remarcó como «primero, que el agua no puede ser privatizada», pues recordó que «hay que cumplir lo que dice la Constitución: la gestión pública y comunitaria del agua».
En este sentido, defendió que esa gestión del preciado líquido no solo debe ser comunitaria, sino también territorializada, conforme a los distintos territorios indígenas que forman parte del país.
Iza manifestó también su recelo ante la promesa del Ejecutivo de que no se va a privatizar el recurso, al asegurar que la Ley de Inversiones que analiza esta semana el Parlamento incorpora la gestión delegada de los sectores estratégicos del país, lo que abriría paso a la privatizaciones del agua, según el líder indígena.
«El agua no se vende, el agua se defiende», coreaban algunos de los concentrados en el parque, antes de proceder en una marcha hacia la Asamblea Nacional, donde se entregó un documento que contiene las líneas generales de lo que será la propuesta del movimiento indígena.
DESCONFIANZA HACIA GOBIERNO
El asambleísta Salvador Quishpe, del movimiento plurinacional Pachakutik, censuró la decisión de la Corte Constitucional de encargar al Ejecutivo la elaboración de esa ley y argumentó que «la legislación es una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional».
El parlamentario aclaró que la propuesta indígena sobre la ley de aguas es un proyecto que se lleva a cabo en coordinación con distintas organizaciones, juntas de regantes, la Conaie y asambleístas.
Entre otros principios, pide que se reconozcan los derechos colectivos de las nacionalidades y los de la naturaleza, fortalecer la gestión comunitaria, establecer un Fondo Nacional de Agua, crear una sección sobre Riego, además medidas para prevenir y controlar la contaminación hídrica.
El asambleísta Salvador Quishpe, del movimiento plurinacional Pachakutik, censuró la decisión de la Corte Constitucional de encargar al Ejecutivo la elaboración de esa ley y argumentó que «la legislación es una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional».
El parlamentario aclaró que la propuesta indígena sobre la ley de aguas es un proyecto que se lleva a cabo en coordinación con distintas organizaciones, juntas de regantes, la Conaie y asambleístas.
Entre otros principios, pide que se reconozcan los derechos colectivos de las nacionalidades y los de la naturaleza, fortalecer la gestión comunitaria, establecer un Fondo Nacional de Agua, crear una sección sobre Riego, además medidas para prevenir y controlar la contaminación hídrica.
En cumplimiento con el mandato de la Corte Constitucional, el Gobierno de Ecuador comenzó este martes en la céntrica y andina provincia de Cotopaxi un proceso participativo con comunidades para recoger sus aportes para consensuar este nuevo proyecto de ley.
En este acto participó el presidente Guillermo Lasso, quien prometió «respetar el mandato constitucional sobre este maravilloso recurso, que le pertenece a todos los ecuatorianos».
Más temprano, el mandatario ya había negado «tajantemente» que tenga intenciones de privatizar el agua.
«El Gobierno Nacional no ha presentado a la Asamblea ningún proyecto de ley encaminado a privatizar el agua», aseguró y aclaró que junto al Ministerio del Ambiente está llevando a cabo contactos con las comunidades para conocer de primera mano sus inquietudes al objeto de poder elaborar dicha legislación. EFE
Fuente Diario El Mercurio