Actualidad/ Política
El excontralor Pablo Celi acudió el 21 de febrero del 2022 a la audiencia de juicio en el caso Las Torres, pero la diligencia no se instaló. Foto: Cortesía
Los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa conforman el Tribunal que decidirá el futuro judicial de 11 de los 13 procesados en el caso Las Torres, entre ellos, el excontralor Pablo Celi.
La audiencia de juicio está prevista que arranque a las 15:00 de este lunes 14 de marzo del 2022, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
Este es el cuarto intento por instalar esa diligencia. El pasado 3 de marzo de 2022, la audiencia de juicio de este caso fue diferida por tercera vez consecutiva. El 15 y 21 de febrero también fue suspendida. Todo ocurrió por problemas en la conformación del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional.
Número de evidencias
La Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador y los procesados solicitaron la comparecencia de 298 testigos y 67 peritos durante esta etapa procesal. Además, el expediente cuenta con 773 carpetas con documentos y evidencias recopiladas durante la fase de investigación
El Tribunal tendrá que analizar las pruebas a favor y en contra de los procesados y decidir si les condena o no por el delito de delincuencia organizada.
Ese ilícito es sancionado con hasta 10 años de cárcel. Así lo establece el artículo 369 del Código Integral Penal.
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Caducidad de la prisión
Anteriormente, el juez Walter Macías dijo que la audiencia de juicio “se desarrollará de forma sucesiva, incluso sábado y domingos”. El objetivo es que el juicio avance con celeridad y evitar que caduque la prisión preventiva de Pablo Celi, su hermano Esteban y el procesado Luis Agusto, hermano del exsecretario de Presidencia.
Precisamente la fase de enjuiciamiento arrancaría un mes antes de que caduque la prisión de los tres procesados. Ellos fueron recluidos en la Cárcel 4 de Quito el 13 de abril del 2021
El artículo 541 del Código Integral Penal establece que la prisión preventiva no puede exceder el plazo de un año en los delitos con penas superiores a cinco años, como en el caso de la delincuencia organizada.
Si hasta esa fecha no existe una sentencia sea a favor o en contra de los procesados, los tres detenidos podrán recuperar su libertad.
Datos de la investigación
Según la fiscal general, Diana Salazar, los implicados conformaron una estructura delictiva para exigir a Nolimit, una empresa contratista de Petroecuador, sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.
Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización criminal habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit. Es decir, USD 4,3 millones.
Las defensas de los procesados aseguran que sus clientes no solicitaron ni se beneficiaron de coimas.
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En enero de este año, el juez Felipe Córdova llamó a juicio a 13 procesados. Sin embargo, está última etapa del proceso penal quedó suspendida para dos de los imputados, pues están prófugos. Se reanudará el juicio contra ellos cuando sean capturados o se presenten voluntariamente.
Fuente El Comercio
