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Imagine una niña de 14 años que vive en Sabiango, una pequeña parroquia al suroeste de Loja. Ahí no hay notarías, la más cercana está en Sozoranga a 13 kilómetros, pero la mayoría de trámites se hacen en Malacatos a 188 kilómetros, es decir, a 3 horas y 44 minutos de distancia. Mientras que en el subcentro de salud trabajan seis personas y dos son médicos.
Además, debería viajar a una notaría para hacer una declaración juramentada, por la que tendría que pagar $90, dinero que posiblemente su familia no tiene.
Si no tiene recursos podría presentar una denuncia ante la Fiscalía (que tampoco tiene dependencia en Sabiango) y repetir más de una vez los detalles de la violación. Todo conlleva tiempo, dinero y revictimización. Eso sin contar que si la niña se entera de su embarazo después de las 12 semanas de gestación, no le queda otra opción que ser madre.
Está en manos de la Asamblea Nacional que este caso, no sea una realidad.
Veto misógino y revictimizante
El 15 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea un veto parcial a la ley del aborto en casos de violación.
Entre sus observaciones está establecer requisitos para acceder a un aborto en casos de violación ya que la Asamblea en su texto detalla que: “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna”. Sin embargo, Lasso exige que se fijen requisitos, sea denuncia, examen médico o declaración jurada. “Se permitirá la práctica del aborto consentido en caso de violación, únicamente si se cumple uno de los siguientes requisitos”, detalla el texto.
La médica y presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, califica al veto como revictimizante y misógino. Con las trabas hacia el acceso del aborto se promueve “la muerte y complicación en la salud integral de la mujeres, porque obstaculiza el acceso al sistema de salud y promueve la clandestinidad”.
Gómez de la Torre destaca además que es ilógico establecer requisitos cuando, incluso por ley, se establece que a toda niña embarazada se la considera víctima de violación. Pero además, destaca que la denuncia es un proceso revictimizante que va en contra de la intimidad de la mujer.
Por su parte, la abogada constitucionalista, Angélica Porras, detalla que determinar requisitos va en contra de la sentencia de la Corte Constitucional “que prohíbe que se introduzca en la Ley hacer una denuncia o declaración juramentada”.
Gómez de la Torre agrega que el solicitar un examen médico que demuestre la violación no tiene sentido cuando hay niñas y mujeres que son sistemáticamente abusadas y que, al quedar embarazadas, no denuncian el hecho al día siguiente, cuando se podría recabar las pruebas. Además, destaca que “el examen no siempre va a determinar una violación, porque para el sistema hay violación solo si se ven signos de violencia y no, no siempre el abuso sucede así”, detaca.
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El veto unifica a 12 semanas para todas. Según esto, garantiza la igualdad ante la ley. Para las expertas en salud y leyes esto muestra un ímpetu por forzar a la maternidad a las niñas y mujeres que han sido agredidas sexualmente.
Las trabas también se detallan en que los médicos podrán objetar de conciencia de forma personal, colectiva o institucional, este último no se dará en hospitales públicos.
Para Gómez de la Torre esto limita el derecho a la salud ya que los médicos pueden negarse a practicar un aborto a una mujer violada. Esto se agrava más en sectores rurales donde hay un médico por comunidad.
Asamblea puede hacerle frente a Lasso
Las observaciones de Guillermo Lasso fueron enviadas a la Asamblea Nacional, que tiene dos caminos: tratar el veto que puede dividirse en allanarse, aceptar el veto parcial y pasar el texto al Registro Oficial, o enmendar el proyecto sobre la base del veto y cambiar ciertos artículos. Para enmendar se requieren 70 votos.
El otro camino sería ratificarse en el proceso inicial, es decir, el texto elaborado por la Asamblea. Para esto se requieren votos de las dos terceras partes de los legisladores, o sea 92 votos. (AVV)
- De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en promedio se reciben 14 denuncias de violación por día, tres de ellas de niñas menores de 14 años.
- Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual por un adulto conocido.
- Ecuador es el segundo país de la región con el índice más alto de embarazo en adolescentes. Además, quienes más enfrentan embarazos no deseados son las niñas y adolescentes más empobrecidas.
- En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces másque en mujeres mayores de 20 años.
